CARTA DEMOCRATICA INTERAMERICANA - OEA

CARTA DEMOCRATICA INTERAMERICANA

La Organización de los Estados Americanos (OEA)
la organización regional más antigua del mundo, Ya que se remonta a la Primera Conferencia Internacional de Estados Americanos, celebrada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890.

Organización de los Estados Americanos
Washington, D.C.
http://www.oas.org/

Esta publicación ha sido realizada por la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD)

“Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. Esta declaración es el punto de partida de la Carta Democrática Interamericana, cuya aprobación, en septiembre del 2001, ha marcado el inicio de una nueva era del Sistema Interamericano.

La Carta presenta y ordena, de manera integral y coherente, los elementos que definen la organización democrática, los instrumentos hemisféricos que pueden ser usados para su defensa y los lineamientos generales para su perfeccionamiento.

Es el primer instrumento de carácter regional en avanzar, de manera integral, en un modelo de este tipo. Su importancia viene siendo reconocida tanto por los Estados Miembros de la OEA, como por otras instituciones políticas multilaterales que empiezan a ver en
ella un modelo a seguir.

La defensa de la democracia había sido siempre un objetivo de la Organización de los Estados Americanos, pero sólo en los últimos diez años se crearon y pusieron en marcha mecanismos concretos de respuesta ante la amenaza a la estabilidad de los gobiernos democráticos, tal como la Resolución 1080 y el Protocolo de Washington, entre otros. La Carta Democrática Interamericana recoge esa función y perfecciona la idea sobre la defensa de la democracia, entendiendo ésta no sólo como la preservación del gobierno popularmente electo, sino como el cumplimiento de una serie de condiciones que incluyen la defensa de los derechos humanos, y garantías, como la separación de poderes.

Aprobada de manera unánime por los 34 estados miembros activos de la OEA, la Carta es principalmente una guía para mejorar el funcionamiento de los sistemas democráticos.

Entre las condiciones que se consideran esenciales para la democracia y que los países se han comprometido en defender, se encuentran el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, la posibilidad de los pueblos de elegir a sus gobernantes y de expresar su voluntad a través de elecciones libres y justas; la transparencia y rectitud de las instituciones del Estado y de quienes se han designado como responsables de las mismas; el reconocimiento y respeto de los derechos sociales; la existencia de espacios y mecanismos de participación pública para que los ciudadanos se involucren directamente en la definición de su propio
destino; y por último, el fortalecimiento de los partidos y organizaciones políticas como medios de expresar la voluntad popular.

La Carta hace énfasis también en la importancia de los valores democráticos fundamentales y propugna por la promoción de los mismos, con el propósito de establecer una cultura democrática y encauzar a las nuevas generaciones a adquirir un compromiso en ese sentido.

Esta publicación forma parte de los esfuerzos por difundir, tan ampliamente como sea posible, el contenido de ese importante documento. Estamos seguros de que este último será una fuente de inspiración para todos aquellos que buscan hacer de la democracia el sistema político idóneo para garantizar la dignidad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de las Américas.

César Gaviria
Secretario General
LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención; RECONOCIENDO los aportes de la OEA y de otros mecanismos regionales y subregionales en la promoción y consolidación de la democracia en las Américas; RECORDANDO que los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas reunidos en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada del 20 al 22 de abril de 2001 en la ciudad de Quebec, adoptaron una cláusula democrática que establece que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas; TENIENDO EN CUENTA que las cláusulas democráticas existentes en los mecanismos regionales y subregionales expresan los mismos objetivos que la cláusula democrática adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de Quebec; REAFIRMANDO que el carácter participativo de la democracia en nuestros países en los diferentes ámbitos de la actividad pública contribuye a la consolidación de los valores democráticos y a la libertad y la solidaridad en el Hemisferio; CONSIDERANDO que la solidaridad y la cooperación de los Estados americanos requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa y que el crecimiento económico y el desarrollo social basados en la justicia y la equidad y la democracia son interdependientes y se refuerzan mutuamente; REAFIRMANDO que la lucha contra la pobreza, especialmente la eliminación de la pobreza crítica, es esencial para la promoción y consolidación de la democracia y constituye una responsabilidad común y compartida de los Estados americanos; TENIENDO PRESENTE que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia; REAFIRMANDO que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática, y reconociendo la importancia que tiene el continuo desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos para la consolidación de la democracia; CONSIDERANDO que la educación es un medio eficaz para fomentar la conciencia de los ciudadanos con respecto a sus propios países y, de esa forma, lograr una participación significativa en el proceso de toma de decisiones, y reafirmando la importancia del desarrollo de los recursos humanos para lograr un sistema democrático y sólido; RECONOCIENDO que un medio ambiente sano es indispensable para el desarrollo integral del ser humano, lo que contribuye a la democracia y la estabilidad política; TENIENDO PRESENTE que el Protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales resalta la importancia de que tales derechos sean reafirmados, desa-rrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar el régimen democrático representativo de gobierno; RECONOCIENDO que el derecho de los trabajadores de asociarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses es fundamental para la plena realización de los ideales democráticos; TENIENDO EN CUENTA que, en el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano, los Ministros de Relaciones Exteriores expresaron su determinación de adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y defensa de la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención; y que la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91) estableció, consecuentemente, un mecanismo de acción colectiva en caso de que se produjera una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados Miembros de la Organización, materializando así una antigua aspiración del Continente de responder rápida y colectivamente en defensa de la democracia; RECORDANDO que, en la Declaración de Nassau (AG/DEC. 1 (XXII-O/92)), se acordó desarrollar mecanismos para proporcionar la asistencia que los Estados Miembros soliciten para promover, preservar y fortalecer la democracia representativa, a fin de complementar y ejecutar lo previsto en la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91); TENIENDO PRESENTE que, en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo (AG/DEC. 4 (XXIII-O/93)), los Estados Miembros expresaron su convencimiento de que la democracia, la paz y el desarrollo son partes inseparables e indivisibles de una visión renovada e integral de la solidaridad americana, y que de la puesta en marcha de una estrategia inspirada en la interdependencia y complementariedad de esos valores dependerá la capacidad de la Organización de contribuir a preservar y fortalecer las estructuras democráticas en el Hemisferio;
CONSIDERANDO que, en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo, los Estados Miembros expresaron su convicción de que la misión de la Organización no se limita a la defensa de la democracia en los casos de quebrantamiento de sus valores y principios fundamentales, sino que requiere además una labor permanente y creativa dirigida a consolidarla, así como un esfuerzo permanente para prevenir y anticipar las causas mismas de los problemas que afectan el sistema democrático de gobierno; TENIENDO PRESENTE que los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas, en ocasión del trigésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, en San José de Costa Rica, dando cumplimiento a la expresa instrucción de los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Tercera Cumbre, celebrada en la ciudad de Quebec, aceptaron el documento de base de la Carta Democrática Interamericana y encomendaron al Consejo Permanente su fortalecimiento y ampliación, de conformidad con la Carta de la OEA, para su aprobación definitiva en un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en la ciudad de Lima, Perú; RECONOCIENDO que todos los derechos y obligaciones de los Estados Miembros conforme a la Carta de la OEA representan el fundamento de los principios democráticos del Hemisferio; y TENIENDO EN CUENTA el desarrollo progresivo del derecho internacional y la conveniencia de precisar las disposiciones contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos e instrumentos básicos concordantes, relativas a la preservación y defensa de las instituciones democráticas, conforme a la práctica establecida, RESUELVE:

Aprobar la siguiente

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

I La democracia y el sistema interamericano

Artículo 1

Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.
La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.

Artículo 2
El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos.
La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.

Artículo 3
Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

Artículo 4
Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.

Artículo 5
El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia.

Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades.

Artículo 6
La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad.

Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.

II La democracia y los derechos humanos

Artículo 7
La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos.

Artículo 8
Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo.

Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio.

Artículo 9
La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.

Artículo 10
La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio.

III Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza

Artículo 11
La democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente.

Artículo 12
La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación
de la democracia. Los Estados Miembros de la OEA se comprometen a adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, teniendo en cuenta las diferentes realidades y condiciones económicas de los países del Hemisferio. Este compromiso común frente a los problemas del desarrollo y la pobreza también destaca la importancia de mantener los equilibrios macroeconómicos y el imperativo de fortalecer la cohesión social y la democracia.

Artículo 13
La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados del Hemisferio.

Artículo 14
Los Estados Miembros acuerdan examinar periódicamente las acciones adoptadas y ejecutadas por la Organización encaminadas
a fomentar el diálogo, la cooperación para el desarrollo integral y el combate a la pobreza en el Hemisferio, y tomar las medidas oportunas para promover estos objetivos.

Artículo 15
El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente. Es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones.

Artículo 16
La educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial humano y el alivio de la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas metas, es esencial que una educación de calidad esté al alcance de todos, incluyendo a las niñas y las mujeres, los habitantes de las zonas rurales y las personas que pertenecen a las minorías.

IV Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática

Artículo 17
Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.

Artículo 18
Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación.

El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento.

Artículo 19
Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización.

Artículo 20
En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.

Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Artículo 21
Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato.

El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos.

Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado.

Artículo 22
Una vez superada la situación que motivó la suspensión, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá proponer a la Asamblea General el levantamiento de la suspensión.

Esta decisión se adoptará por el voto de los dos tercios de los Estados Miembros, de acuerdo con la Carta de la OEA.

V La democracia y las misiones de observación electoral

Artículo 23
Los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos.
Los Estados Miembros, en ejercicio de su soberanía, podrán solicitar a la OEA asesoramiento o asistencia para el fortalecimiento
y desarrollo de sus instituciones y procesos electorales, incluido el envío de misiones preliminares para ese propósito.

Artículo 24
Las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitud del Estado Miembro interesado. Con tal finalidad, el gobierno de dicho Estado y el Secretario General celebrarán un convenio que determine el alcance y la cobertura de la misión de observación electoral de que se trate.

El Estado Miembro deberá garantizar las condiciones de seguridad, libre acceso a la información y amplia cooperación con la misión de observación electoral.

Las misiones de observación electoral se realizarán de conformidad
con los principios y normas de la OEA. La Organización deberá asegurar la eficacia e independencia de estas misiones, para lo cual se las dotará de los recursos necesarios.

Las mismas se realizarán de forma objetiva, imparcial y transparente, y con la capacidad técnica apropiada.

Las misiones de observación electoral presentarán oportunamente
al Consejo Permanente, a través de la Secretaría General, los informes sobre sus actividades.

Artículo 25
Las misiones de observación electoral deberán informar al Consejo Permanente, a través de la Secretaría General, si no existiesen las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas.

La OEA podrá enviar, con el acuerdo del Estado interesado, misiones especiales a fin de contribuir a crear o mejorar dichas condiciones.

VI Promoción de la cultura democrática

Artículo 26
La OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a promover los principios y prácticas democráticas y fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio, considerando que la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos. La OEA mantendrá consultas y cooperación continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la sociedad civil que trabajen en esos ámbitos.

Artículo 27
Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil. Se prestará atención especial al desarrollo de programas y actividades para la educación de la niñez y la juventud como forma de asegurar la permanencia de los valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia social.

Artículo 28
Los Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de sus respectivos países como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática.

PERÚ TRATADOS DE LÍMITES

PERÚ TRATADOS DE LÍMITES

Autor: Antonio Flores Gavilán

Email : floresgavilan@hotmail.com

Simón Bolívar al finalizar las Guerras de independencia hispanoamericana fue el primero en proponer durante el siglo XIX que los países hispanoamericanos emancipados conservasen las antiguas fronteras de las colonias del imperio español en América. Es decir, que los nuevos estados surgidos tendrían como fronteras las que le corresponderían de las colonias españolas en el año 1810, provisionalmente hasta la existencia de un tratado, alegando el año 1810 como el último año de la monarquía española para la posesión legítima de sus dominios americanos.
Así al pasar a la vida independiente, se fijaron para los nuevos países unas fronteras como punto de partida en base a los antiguos territorios coloniales que en 1810 formaban parte integrante de un virreinato, capitanía general o audiencia.

Sin embargo durante las luchas por la independencia y una vez logrado este propósito que en el artículo anterior nos hemos referido, en 1820 el mismo Bolívar actuando y desdiciéndose lo antes propuesto cuando tiene la entrevista con el General Don José de San Martín cuando llega a Guayaquil le dice esta frase : Bienvenido a Tierra Gran Colombiana, el País aun no se liberaba y se produce la primera merma territorial.

Ya en 1825 cuando el país ya no esta ocupado por fuerzas extranjeras, y por la libre autodeterminación de los pueblos se conservan la casi totalidad de los territorios heredados, incorporándose por el principio de autodeterminación de los pueblos voluntariamente la provincia de Jaén.

En 1825 también se crea la Republica de Bolivia y para darle acceso al mar se desagrega del Perú el llamado partido de Atacama, que corresponde a la provincia de Antofagasta que durante la guerra del Pacifico Bolivia perdió, y que era su litoral.

Así observamos entonces como esta en el grafico, que el Perú oficialmente le correspondía la siguiente extensión:

2 131,703 Km2
Actualmente es de 1 285,215 km2

Es decir que durante el periodo republicano con los diferentes tratados internacionales suscrito con los países vecinos, algunas veces producto de guerras por territorio, otra veces por decidía ya que se argumentaba que en realidad nunca se desarrollo una presencia del Estado Peruano, por lo cual ir hasta esos distantes territorios era sumamente complicado, esto sobre todo con Brasil.

En suma durante la Republica se ha perdido en total alrededor de 846,488 km2 en todos estos tratados con los países vecinos, aquí observamos una relación de los diversos tratados suscritos con las países vecinos y las perdidas territoriales.

CON BRASIL

· Por la Convención Fluvial de 23.10.1851. El Perú reconoce al Brasil 80,000 Km2, de territorio comprendido entre la línea Tabatinga-Apaporis y los ríos Amazonas-Yapurá y Teffé.

· En 1867 el Brasil toma 267,703 km2 de tierras Peruanas, de las inmensas zonas que el Presidente Melgarejo de Bolivia cede al Emperador de Brasil.
· Por el Tratado Velarde-Río Branco de 08.09.1909, se le reconoce además 103,340 Km2 en la región del Alto Yurúa, Purus y Madeira, de las inmensas zonas del Acre. Un aproximado total de 451,043 Km2.

CON BOLIVIA

· Por el tratado de Rectificación de Fronteras Polo-Sánchez Bustamante de 17.09.1909, el Perú reconoce a Bolivia 91,726 Km2 de territorio en la región del Acre y Madre de Dios y una zona en el río Tambotapa.

CON COLOMBIA

· Por el tratado Salomón-Lozano de 24.03.1922, el Perú reconoce a Colombia 127,272 Km2 de territorio.
· Toda la región del Caquetá y una parte comprendida entre los ríos Putumayo y Amazonas, llamado trapecio Amazónico (La región el Caquetá alcanza 120,000 Km2 y el Trapecio Amazónico 7,272 Km2).

CON CHILE

· Por el tratado de Ancón de 20.10.1883, el Perú cede el departamento de Tarapacá de 44,320 Km2.
· Por el Tratado de Lima de 03.06.1929, el Perú cede la Provincia de Arica y parte de la de Tarata con 21,093 Km2. Un aproximado total de 65,413 Km2.

CON EL ECUADOR

· Por el Protocolo de Río de Janeiro de 29.01.1942, el Perú reconoce al Ecuador 111,000 Km2 en el extenso territorio de Sucumbios.Por las propuestas de países garantes, de 23.10.1998, el Perú cede 34 Km2 de territorio entre la Cordillera del Cóndor y la línea recta entre los hitos Cusumaza-Bumbuiza y Yaupi-Santiago. Un aproximado total de 111,034 Km2.

Nota: El Perú desde 1851 a 1998 a cedido territorios a los

países fronterizos aproximadamente 846,488 km2

La Independencia Peruana una polemica permanente

Autor : Antonio Flores Gavilán
Introducción
La polémica de la independencia
Características generales: historia tradicional e historia crítica
Tesis principales
Alternativa a manera de conclusión
Bibliografía

INTRODUCCIÓN

Comprender nuestra realidad es importante, reflexionarla y transformarla una necesidad vital.

El ensayo que a continuación desarrollamos gira en torno a esas preocupaciones.
Diversos historiadores afirman que a lo largo de la historia del Perú existen tres momentos fundamentales:

la invasión española al Tahuantinsuyo

la independencia nacional y la

guerra de Chile contra el Perú.

Aquellos períodos, se dice, representan en la memoria común del país, "un triángulo de discursos históricos que han terminado por afianzar una suerte de frustración colectiva, de ocasiones perdidas y de agravios nacionales". Es decir, querrámoslo o no, estos episodios influyeron y aún siguen afectándonos en la actualidad. De ahí la trascendencia de razonar sobre los mismos.
La inestabilidad política y social, la ingobernabilidad, la amenazada soberanía, el autoritarismo y la incipiente democracia – las que en el tiempo actual cobran una significativa relevancia – tienen su origen paralelo al nacimiento del Estado peruano autónomo.

Entonces, la independencia es una coyuntura histórica de la que se derivan algunos de los principales problemas del Perú republicano. Así, han pasado 188 años de la fecha en que San Martín declarara la independencia y el congreso constituyente eligiera a la república como forma de gobierno y, sin embargo, las dificultades en el presente parecen ser idénticas.

Recordemos, además, que el 28 de Julio sirve para legitimar el sistema político contemporáneo. Es la base del estado de cosas en donde nos movemos. Por lo tanto, es indispensable su estudio y comprensión. Sabemos, también, que la descripción y narración de los hechos, la historia de los personajes sobresalientes, las fechas y datos claves son en sí básicos y esenciales. No obstante, en esta oportunidad, lo que se busca es el análisis, la interpretación y la reflexión de los acontecimientos, en pocas palabras, el significado real de la independencia peruana a partir de las dos posiciones contrapuestas que subsisten sobre el tema.

Pero, antes de meternos de lleno en el trabajo, dedicaremos unas líneas a explicar la relación entre los historiadores y la historia que escriben. Todo con la única finalidad de entender el por qué de las diferencias en la interpretación de un proceso histórico. Terminaremos ofreciendo una propuesta de investigación.

1.- LA POLÉMICA DE LA INDEPENDENCIA

Con la celebración del sesquicentenario de la independencia peruana en 1971, se iniciaron las publicaciones de numerosos textos sobre este proceso histórico. La mayoría de los libros iban a repetir las mismas tesis ya enunciadas por la historiografía oficial. Incluso el gobierno militar de turno, nombró una comisión especial para recopilar y publicar una inmensa colección documental sobre la emancipación. El resultado final fue más de cien volúmenes de documentos impresos, todos con una definida visión nacionalista.

Es en esa coyuntura que, el instituto de estudios peruanos, editó "La independencia en el Perú, las palabras y los hechos" de Heraclio Bonilla y Karen Spalding. La finalidad: poner al descubierto lo que la historia oficial con tanto ahínco quería ocultar; que la "independencia fue concedida más que obtenida". Aquella afirmación causaría revuelo en el ambiente nacional y es a partir de aquel instante que la polémica se mantendrá hasta nuestros días. Recordemos, que el debate marcó la confrontación de dos maneras de comprender e interpretar la época de la independencia, "una suerte de combate: historia contra historia".

2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES:
HISTORIA TRADICIONAL E HISTORIA CRÍTICA

La historia que todos conocemos es historia oficial, transmitida por el Estado a través de las asignaturas de historia en los colegios, las conmemoraciones y días festivos plasmado en el calendario cívico, los filmes y la televisión, la numismática, los monumentos, el nombre de calles, parques, plazas y avenidas.

Es historia que busca la creación de conciencia colectiva en concordancia con los ideales nacionales. "Pretende ser una visión de consenso, aceptada por todos, pese a las diferencias de clase y de filiación regional". Esta historia divulgada en los textos escolares "es una historia oficial, es un hecho más político que científico por tanto, es necesariamente partidario y subjetivo". El pasado es manipulado en función de las exigencias del momento, en donde lo más importante es la valoración de los hechos y héroes, próceres e ideólogos, así se deje de lado la verdad de los acontecimientos históricos. La historia tradicional quiere lograr una total armonía social, sin que para ello importe que se logre mediante la alienación. Historia impuesta y difundida por la clase social dominante.

Por otro lado, tenemos a una historia crítica que llamaremos no tradicional. En comparación con la historia oficial – que llega a un público más amplio- la no tradicional tiene un espacio de circulación muy limitado. Esto se explica por ser una historia que no comparte las ideas ni las tesis de la historia oficial. No intenta fundar, inapropiadamente, las bases históricas de la nacionalidad, ni mucho menos, impedir la crítica histórica de los problemas del presente.

En mi opinión, representa un intento de romper con la imagen oficial y tradicional creada sobre la independencia. Sin embargo, no basta con las intenciones y las críticas. Debemos buscar y realizar una historia desenvolvente y desalienante. Historia ligada a una educación verdadera que – en palabras de Paulo Freire, pedagogo brasileño – sea diálogo, praxis; reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. En resumida cuenta, eminentemente problematizadora, fundamentalmente crítica, virtualmente liberadora. Historia comprometida pero no con el poder sino con una real concientización de los hombres sobre la realidad social en que existen. Todo con el único objetivo de ser "un ser en sí y para sí", y realizar la construcción de una sociedad diferente.

3.- TESIS PRINCIPALES
Para la historiografía oficial la independencia es un proceso nacional, es el resultado de una toma de conciencia colectiva. Lo cual demostraría la unidad y uniformidad de la población peruana, es decir, el Perú mestizo como el protagonista principal de la lucha emancipadora. Es un proceso nacional, nos dicen los tradicionalistas, porque abarca un período de tiempo en donde se inicia – con la rebelión de Túpac Amaru en 1780-, desarrolla, consolida y consigue nuestra liberación de España, que se extiende a lo largo del virreynato peruano. Así, queda implícito que todas las regiones del Perú buscaron la ruptura con el régimen colonial.

Además, la toma de conciencia colectiva lleva a entender que tanto los criollos, mestizos, indígenas, negros y demás castas, hicieron suya la idea común de lograr su independencia. Los grandes desequilibrios sociales dejaron de existir y todos unidos -en la sociedad mestiza- con una sola meta, obtuvieron el triunfo.
La historia no oficial va a refutar aquellas tesis. La independencia fue un proceso pero no nacional. Las diferentes regiones del virreynato no tenían los mismos intereses ni deseaban la separación definitiva Igualmente, es erróneo hablar de una toma de conciencia colectiva por la mayoría de peruanos así como la formación de un Perú mestizo. Porque no existió una unidad en la sociedad colonial. Ésta fue "altamente estratificada y diferenciada y sus líneas de separación y de oposición fueron trazadas a partir de criterios económicos, racionales, culturales y legales". Es una sociedad heterogénea con un gran abismo social, en donde no es apropiado sustentar la existencia de una sociedad mestiza.

Aquí, podemos darnos cuenta, claramente, la manipulación del pasado a las exigencias del presente. Para la historia oficial no es nada bueno difundir el conocimiento de las grandes fisuras sociales. Lo útil es su ocultación y dar la imagen de una sociedad armónica y cohesionada, cuando en verdad no fue así.
Por otra parte, la historia tradicional se equivoca al afirmar que la emancipación se inicia con la sublevación de Túpac Amaru en 1780. "Esta rebelión, a pesar de lo que corrientemente se afirma, no tuvo vinculación directa con la independencia se produjo cuatro décadas antes y fracasó". Incluso, la rebelión en vez de causar una propagación del descontento popular y la búsqueda de libertades, ocasionó la consolidación del orden colonial.

Debido a que el gobierno virreinal llevó a cabo una represión brutal contra todos aquellos que habían participado en la insurgencia. Los criollos, que en un primer momento apoyaron la lucha del cacique de Tungasuca, pronto le dieron la espalda al ver la peligrosidad que causaba la movilización indígena. El mencionado hecho histórico demuestra, según la historia no oficial, la incesante persistencia en encontrar causas netamente internas en el proceso independentista. El contexto internacional en que estuvo inmersa la corona española es tomado como simples influencias.

Sin embargo, hay que recordarles a los tradicionalistas, que la independencia del Perú y Sudamérica fue posible gracias a la crisis del Estado metropolitano. La invasión francesa a la península en 1808, motivó que el imperio español estuviera más preocupado en lograr su propia liberación, que en dedicarse a resolver los problemas de sus colonias en América. Entonces, si preguntamos por el inicio de la emancipación, el año de 1808 es el establecido.

La interrogante fundamental que debemos hacernos, en nuestras indagaciones, es sobre el significado histórico de la independencia peruana. El 28 de julio de 1821 y los hechos que suceden hasta la capitulación de Ayacucho, marcan el nacimiento del Estado Peruano independiente, la separación definitiva de España. Es, también, "la esperanza en una vida más justa y mejor, en la afirmación de la libertad del hombre es el principio de la conducción del Perú por cabezas y manos nacidas en esta tierra y es igualmente el principio de una promesa". Pero, en palabras de Basadre, "lo tremendo es que aquí esa promesa no ha sido cumplida del todo". En consecuencia, de qué clase de independencia estamos hablando.

Para la historiografía tradicional la emancipación no es solamente una independencia política sino "es el paso de una era que concluye a un mundo que se contempla y se espera mejor". En síntesis, "es un tránsito, un cambio, una transformación" en todo ámbito, pero "dentro de una continuidad de la vida peruana". Por eso afirman que, "la independencia asume, incorpora a sus nuevos ideales e ilusiones al hombre virreinal y a la sociedad creada en ese tiempo". Desde una perspectiva distinta, la historia no oficial sustenta la tesis de una ruptura política mas no económica ni social.

En lo político, la metrópoli española dejó de tener ingerencia en el Perú, los virreyes desaparecieron. El mando del Estado quedó a cargo de los ciudadanos peruanos. No obstante, aclaremos, que fue un grupo reducido quienes se convirtieron en la clase social dominante. De ahí que la independencia se considere eminentemente criolla.

En el aspecto económico, pasamos del dominio colonial español a la supremacía comercial inglesa; subordinados exclusivamente a la nueva potencia del mundo. Socialmente siguió existiendo una sociedad heterogénea con un gran abismo social. Aquello se demostró con la exclusión de los indígenas como seres inútiles e incapaces que no podían manejar los destinos del país y el predominio de los criollos. Realidad que pone en evidencia las grandes desigualdades sociales presentes en la época. "La estructura social queda efectivamente intacta", más aún, nos dice Basadre, la condición de las masas populares "empeoró durante la república". Recordemos, por ejemplo, el mantenimiento de la esclavitud y el tributo indígena hasta 1854, año de su abolición, el tardío reconocimiento de la existencia legal de las comunidades indígenas en 1920; y la presencia popular en el sistema electoral en 1980, después de 159 años de lograda nuestra liberación.

En suma, la independencia "no significó en manera alguno la quiebra del ordenamiento económico y social de carácter colonial que continuó vigente hasta el ocaso del siglo XIX".
Si profundizamos un poco más, tendríamos que preguntarnos ¿Quiénes consiguen la ruptura política con España? Para la historia no oficial, fue lograda "por la decidida y eficaz intervención de los ejércitos del sur (San Martín) y del norte (Bolívar)". Se trataría de una independencia traída de fuera y no conseguida por los peruanos. Es decir, "una independencia concedida más que obtenida". En cambio, la historiografía tradicional está convencida que la emancipación "es un proceso que se manifiesta y madura lentamente", resultado de una serie de conspiraciones y rebeliones nacidas en nuestro territorio que sólo para la victoria final necesitó el apoyo de regiones vecinas. Es una independencia peruana y no imposición de extraños.

Todo lo expresado, anteriormente, conduce a indagar el papel de los actores históricos – la clase social dominante y los sectores populares – en el período independentista.
La historiografía no oficial es contundente al afirmar que la clase dominante no deseaba la separación definitiva de España, sólo buscaba reformas dentro del mismo sistema colonial. "La elite prefería la seguridad al cambio y no estaba preparada para poner en peligro su predominio social por amor a la independencia".

El impase político y militar entre 1821 y 1824, constituye una de las pruebas de que los peruanos no habían optado por ser independientes. Al final, "la elite peruana no luchó por la independencia. Se conformó y se acomodó" a las circunstancias del tiempo. Aquí apreciamos el carácter dubitativo de aquella clase social. La historia oficial va a entender aquel suceso, en un primer momento, como algo natural debido al ambiente cambiante de la época.

Posteriormente, esa incertidumbre, según los tradicionalistas, terminó y se pasó de una fidelidad inicial a la corona al inevitable reconocimiento de separación.
Ahora, ¿Cuál es el punto de vista de la historia tradicional sobre las clases populares? Al revisar los textos podemos advertir la mayor importancia que se le da a los próceres, ideólogos y personajes ligados a la vida política. El pueblo es nombrado pero no con el verdadero valor que merece. No obstante, las oficialistas creen en la decidida participación del hombre peruano en la lucha por su liberación.

En forma contraria, la historia no oficial, declara que existió una limitada colaboración popular que estuvo presente en ambos bandos en conflicto. Tanto patriotas como realistas utilizaron diversos mecanismos (por la fuerza o el engaño) para conseguir su adhesión. Aun así las grandes mayorías no acudieron en forma masiva, pues, no veían que mejoraría sus condiciones de vida. Era una independencia "hecho por –y para- las capas altas de la sociedad colonial". De ahí ese "gran silencio de las masas populares del Perú" . En opinión personal, discrepo con ambas historiografías que se van al extremo de decir que fue una acción de todos o ausencia casi total. El problema radica en el no conocimiento cabal de la naturaleza de su colaboración. Consecuencia de la falta de investigaciones exhaustivas e integrales.

Finalmente, la idea de Lynch de que "las masas fueron organizadas reclutadas, manipuladas, pero no fueron politizadas ni incluidas en la nación", me lleva a recordar la tesis de Jean Chesneaux en donde "los excluidos del proceso de decisión política son por ello mismo excluidos de la historia". En el Perú aquel argumento encaja perfectamente. La historia del país es la historia de los de arriba, es historia de los que tienen el poder político. Es historia construida con el objetivo de ocultar la verdadera realidad peruana; plagada de constantes exclusiones y marginaciones de las clases populares. Historia envolvente que busca la justificación del orden social existente.

Hasta el momento, mi intención no ha sido repensar la independencia para caer en un pesimismo Por el contrario, este ensayo quiere aportar y animar la realización de inmediatas investigaciones. En ese sentido va aquí una propuesta de trabajo.

4.- ALTERNATIVA A MANERA DE CONCLUSIÓN

Los historiadores y otros especialistas que se han ocupado de la emancipación, lo han hecho a partir de los acontecimientos sucedidos en la ciudad de Lima. La base de aquellos estudios ha servido para crear una visión general de la independencia del Perú. Aquí encontramos una primera dificultad. Si bien es cierto que la "Ciudad de Los Reyes" fue la capital más importante de donde se controlaba todo, con una burocracia colonial extensa. Es también significativo que la elite y las clases populares provincianas discrepaban y tenían intereses contrapuestos a las de Lima. Entonces, hacer una generalización sin tomar en cuenta estas peculiaridades y diferencias, sin estudiar a cabalidad cada espacio regional, no es nada serio.

La verdadera naturaleza del proceso independentista podrá ser esclarecido cuando nosotros, los científicos sociales, propongamos nuevas alternativas de comprender e interpretar los hechos históricos. Alternativas que nos lleve a una mayor profundización en las investigaciones y, por lo tanto, a un conocimiento más coherente de nuestra realidad.

Así, es imprescindible para lograr aquel propósito, la propuesta de dedicarnos a la investigación de historias regionales para luego relacionarlas a la totalidad. En otras palabras, entender la singularidad de los aportes regionales, las repercusiones que causaron en la capital y conectarlo en un todo inteligible que es Hispanoamérica.

Antes de finalizar, quiero evocar una idea que subyace en la propuesta. Se trata del acceso, manejo y conocimiento de una documentación más amplia. Los archivos regionales guardan fuentes manuscritas de gran valor histórico. Su utilización, conservación, análisis e interpretación queda en manos de nosotros que estudiamos las ciencias sociales en el Perú. Realmente el panorama de la historia peruana se vería enriquecida por esas contribuciones. En suma, empecemos a trabajar con ese fin, hagamos realidad la alternativa.

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